El legislador, desde antaño, ha estado ocupado en otorgar operatividad a la ley civil a través de normas procesales cuya constitucionalidad ha sido sistemáticamente aceptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello se destacaba especialmente en el derecho de familia, ya que tanto el Código de Vélez como las leyes que fueron modificando y actualizando las instituciones contuvieron normas de tipo procesal, relativas al trámite, legitimación, cargas probatorias, etc.
En este sentido, el Código Civil y Comercial no es ajeno, ya que se regulan expresamente los trámites del divorcio, de la adopción y de los alimentos, entre otros.
Sin embargo, el nuevo ordenamiento ha ido un poco más allá y ha sistematizado los principios generales del derecho procesal familiar, los caracteres de las acciones de familia, las reglas de competencia y las medidas provisionales (arts. 705 a 723) en un único bloque legislativo y dentro del marco de las relaciones familiares. Así, la tutela judicial efectiva, la inmediación, la buena fe y lealtad procesal, la oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente son recogidos por el ordenamiento de manera expresa y determinan directivas para los operadores jurídicos, y criterios de interpretación para los jueces ante eventuales contradicciones dentro del mismo Código o con los ordenamientos procesales locales.
En esta obra, por lo tanto, se desarrollan los mencionados principios y su aplicación específica en los distintos procesos que componen el libro segundo del Código Civil y Comercial, recogiendo los precedentes jurisprudenciales que se han ido produciendo desde su vigencia, con el fin de que esta sea una obra de consulta dinámica para los abogados de litigación y para los órganos jurisdiccionales.